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La década de los noventa, en México, no solamente marcó la entrada del proyecto neoliberal, sino la paradoja de que la globalización mejoraría el paradigma institucional. Sin embargo, terminó siendo todo lo contrario, abriendo camino a políticas de desterritorialización que vulneraron aún más la situación de los grupos indígenas que se venía propiciando desde el decreto expropiatorio de 1992, por lo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) solamente fue el punto de quiebre que favoreció el discurso emancipatorio del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Chiapas ha sido el mejor caso a nivel mediático en la interseccionalidad de los movimientos sociales en cuestión indígena, que al mismo tiempo favoreció la percepción generalizada que todos los pueblos indígenas son simpatizantes del EZLN. Si nos vamos a casos más estructurales respecto a las consecuencias de esta percepción homogeneizada de la sociedad civil, el estado mexicano no ha sabido responder a las necesidades de los pueblos indígenas y lograr el acceso a la justicia (véase el caso 48/2006) que ha sido consecuencia de un sin fin de conflictos en el país, ya que no se tiene idea de su realidad sociocultural, lo que hace imposible el reconocimiento por parte del mismo estado; un principio básico en una sociedad multicultural. Sin embargo, la realidad de los pueblos indígenas está mucho más lejos de buscar el reconocimiento del estado, sino de aceptar que coexisten en la sociedad y que la falta de aceptación solo beneficia su exclusión de modo sistemático y estructural.
La construcción de instituciones que beneficien la realidad intercultural es necesaria para evitar la percepción de que los pueblos indígenas solamente significan producción de patrimonio cultural, dialecto y artesanía. Aunque para muchos esto signifique aumentar la brecha de desigualdad en la sociedad, hay que empezar por aceptar esta interseccionalidad para menguar la marginación a la que han sido sometidos, sobre todo en materia de acceso a la justicia derivado de disputas territoriales y falta de intérpretes.
Desgraciadamente, la falta de representación a nivel federal no ha sido el único impedimento para lograr la coexistencia de los pueblos indígenas y la generación de cambios estructurales que logren algún impacto en la sociedad, sino la falta de empatía y aceptación. Lo vemos diariamente en las construcciones visuales de los pueblos originarios como en el cine, los medios de comunicación, que solo enfatizan esta percepción generalizada de que todos los pueblos indígenas son iguales, como una forma de producir estereotipos al ser incapaces de leer y escribir en nuestra propia lengua. Para Eric Hobsbawn, en su libro, Naciones y nacionalismo desde 1780, «los nuevos medios de comunicación permitieron estandarizar, homogeneizar y transformar ideologías populares». Esta afirmación nos ayuda a comprender como en pleno siglo XXI, pese a la idea de que en la globalización sería un proceso de acercamiento y apertura, no se especificó que solo funcionaría para ciertos grupos, que la apertura económica no significaría justicia social para la redistribución equitativa de la riqueza y que lejos de comprender la situación de coexistencia con los pueblos indígenas para el caso tanto de México como en América Latina, solo ha sido una construcción de instituciones verticales y la asimilación del modelo neoliberal.
Ana Sofía Arango Marcos
Foto por: Sara Achik López
Ana Sofía Arango Cronopios y famas Indígenas México Progreso
Last modified: 19 febrero, 2018
