Tarjeta amarilla para el Poder Ejecutivo

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Conversaba hace poco con un amigo sobre una columna de Salvador Camarena, publicada en El Financiero el 26 de octubre, que habla sobre el poco escrutinio que la educación privada tiene en nuestro país.

Lo que este señor dice (Salvador Camarena) es que todos los desfalcos que se están destapando en los últimos días, como el de Javier Duarte en Veracruz o el de Roberto Borge en Quintana Roo, se gestaron durante la estadía de estos en la universidad (la Ibero y el Tec de Monterrey). No son cosas nuevas, son actos que mirreyes han ido construyendo desde que tenían nuestra edad y nadie tuvo la sensatez de condenar porque, primero, “es México, wey, capta” y segundo, “es que viene de (inserte escuela fanfarrona de su preferencia), de seguro es buen chicx”

Hablando hace un par de semanas con un maestro sobre este fenómeno, salió a la conversación lo sucedido con el Rompan Filas de este año (en pocas palabras, que para bien o para mal, el evento se haya organizado rebasando por la derecha), cómo desde estas instancias nos estamos topando con situaciones similares a las que se encuentran el “las ligas mayores”. Llegamos a la conclusión de que uno de los mayores problemas de nuestro país es que no se castiga a quienes hacen las cosas mal. Si alguien saca provecho de su posición, o incluso si se equivoca en su papel en un cargo público, lo correcto, lo pertinente, es una sanción correspondiente.

Bueno pues, en la última junta del Consejo Estudiantil, el Poder Ejecutivo recibió una amonestación, y los dos integrantes que organizaron el evento, Hiram Castro y Nirvana Gómez, recibieron otra. Por reglamento, tres amonestaciones implican una destitución del Consejo. En resumen, el árbitro les sacó tarjeta amarilla y a la siguiente, se van.

Independientemente de que el evento lo hubieran organizado con buena fe, que no soy quien para juzgarlo, ya sea por inocencia o por lo que sea, fue un conflicto de intereses (entiéndase, que una persona utilice un cargo público para un –en este caso, posible– beneficio personal).

En cualquier democracia medianamente funcional, los actos de esta índole son altamente condenables. En cualquier escala de la política, la corrupción no puede perdonarse. Sobre todo en una institución educativa, en la que cualquier cosa (La Catarina, Elocuencia8080 y el CEUDLAP, entre otros) están para eso, para educar a los estudiantes a lo que será el “mundo real”. Si desde estos niveles estamos permitiendo esto, ¿qué podemos esperar de cuando nuestra generación comience a ocupar los cargos gordos?

Es responsabilidad nuestra, como comunidad estudiantil que se ve representada por el Consejo Estudiantil e integrantes de esta protodemocracia, auditar a nuestros representantes. Es el único método que tenemos para asegurarnos de que nuestra representación sea proporcional a nosotros. Desde mi no tan humilde opinión, el Poder Ejecutivo ya debería tener por lo menos una baja.

Tenemos, todavía más importante, que estar pendientes de lo que hace nuestro Consejo Estudiantil, tanto para bien como para mal, y sacar más que las tarjetas si la situación lo amerita. No sabemos si en nuestra universidad se está gestando el siguiente Justin Trudeau o el siguiente (y que el Rector no lo quiera) Javidu. Y si la sociedad no va a poner la lupa, mejor empecemos nosotros.

Eric H. Cetina Karsten
eric.cetinakn@udlap.mx
@ehauvery