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El Índice Global de Impunidad – México 2018 (IGI-MEX-2018) fue presentado la semana pasada en la Ciudad de México. Sus coordinadores, el Dr. Juan Antonio Le Clercq y el Mtro. Gerardo Rodríguez, acompañados del Rector Luis Ernesto Derbez, dieron a conocer los resultados que no solo son preocupantes para el país, sino que son deplorables. El documento da números alarmantes y la clase política no debe ignorarlos. El texto no solo retrata la crisis en la que vivimos, es un llamado a la acción.
En este mismo espacio argumenté que la responsabilidad pública es un pilar fundamental para la formación de los estudiantes, tiene sentido que la Universidad, a través del IGI, haga un llamado a las autoridades estatales y nacionales a la acción, levantado la mano y diciendo: ¡señores, es la impunidad!
No es el primer año en que la UDLAP levanta la voz. Desde el año 2014 -el primer reporte se publicó en el 2015-, la Universidad, a través el Centro de Estudios de Impunidad y Justicia (CESIJ), analiza al país y al mundo entero en este problema. Es la segunda ocasión que el CESIJ analiza a nuestro país estado por estado. Desde la última medición hecha en el 2016, en promedio el país aumentó en dos puntos porcentuales: de 67.49 a 69.84 por ciento.
El estado con mayor índice de impunidad es el Estado de México, que obtuvo un porcentaje de 80.02 por ciento en este año, es interesante compararlo con el caso peor evaluado en 2016, Quintana Roo, alcanzó un índice de 76.61, para el 2018, cinco estados se ubican por encima de ese rango: Quintana Roo 77.33 por ciento, Coahuila 77.88 por ciento, Baja California 78.08 por ciento, Tamaulipas 78.88por ciento y el Edomex que logró un nuevo máximo. El estado con menor índice de impunidad es Campeche con un porcentaje de 45. 06.
Quisiéramos que el país caminara hacia una reducción, que el país avanzara a simular a Campeche, pero estamos yendo al lado incorrecto. El país sufre de una impunidad subnacional impresionante, aquella que también se denomina impunidad estatal: “el ámbito de responsabilidad agregada de los gobiernos locales que no castigan los delitos que causan algún tipo de pena dentro de su jurisdicción”.
Como lo apuntó el rector en la presentación del documento: “al quedar impunes las acciones de quienes violentan el sistema, la estructura y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia son incapaces de reducir las acciones que han conducido a los niveles de corrupción, violencia y violación a los derechos humanos que hoy afectan la vida de todos los mexicanos.”
Sin embargo, desde la primera presentación del IGI-MEX, las autoridades no reaccionaron, no crearon políticas públicas, ni estrategias para combatir la impunidad: decidieron ignorar. La voluntad política es aquella donde los políticos se hacen conscientes y deciden actuar contra un problema sin importar las consecuencias; la clase política mexicana carece de ella.
Andrea Ambrogi señala en este documento que en el contexto electoral en el que vivimos es inexcusable que los partidos políticos y candidatos a todos los niveles de gobierno, pero sobre todo a la presidencia, ignoren este grave problema que daña directamente a la sociedad mexicana.
Este país tiene problemas para repartir porque nos sobran temas por resolver, sin embargo, sino se combate la impunidad, la violencia y la corrupción seguirá imperando, seguirán siendo la regla y no la excepción. ¿Quiere decir que estamos condenado a vivir así? La respuesta es no, porque el diagnóstico existe y las propuestas también, el problema está en que nuestros gobernantes carecen de voluntad política.
Alexis Murillo Cornoa
alexis.murilloca@udlap.mx
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Last modified: 22 marzo, 2018
